Dos décadas de vertidos ilegales en Sevilla, la Fiscalía señala a responsables municipales
Vertedero ilegal entre Sevilla y Alcalá de Guadaíra: la Fiscalía pide investigar a responsables municipales por dos décadas de vertidos sin control
La Fiscalía de Medio Ambiente de Sevilla ha solicitado al juez la apertura de una investigación penal contra los responsables del área medioambiental del Ayuntamiento de Sevilla que ocuparon cargos entre noviembre de 2020 y noviembre de 2025.
El motivo se trata de la existencia de un vertedero de grandes dimensiones ubicado en terrenos comprendidos entre los términos municipales de Sevilla y Alcalá de Guadaíra, junto al río Guadaíra, donde durante más de dos décadas se habrían depositado residuos de todo tipo sin control ni medidas correctoras.
El Ministerio Público ha pedido que el Instituto Geológico y Minero de España (IGME) elabore un informe pericial para determinar el riesgo ambiental del vertedero y su impacto sobre los acuíferos situados bajo la zona y el propio cauce del Guadaíra.
La denuncia se apoya en un extenso atestado elaborado por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, que desde 2025 investiga la posible comisión de delitos medioambientales.
Según la Fiscalía, la “complejidad del caso” radica en la multiplicidad de propietarios de las parcelas afectadas y en la extensión temporal de los vertidos, que comenzaron en 2001.
En todo este tiempo, las inspecciones realizadas por las autoridades medioambientales “no se tradujeron en medidas efectivas” para frenar el crecimiento del vertedero, que se ha mantenido activo durante 24 años pese a las reiteradas alertas.
Los agentes del Seprona comprobaron durante sus inspecciones la existencia de un trasiego constante de camiones descargando residuos peligrosos y no peligrosos “sin ningún tipo de control administrativo ni vigilancia”.
En ocasiones, los materiales eran quemados para liberar espacio, generando humos tóxicos y contaminación atmosférica que afectaba a las barriadas cercanas. La investigación permitió identificar a empresas y particulares que realizaron vertidos entre noviembre de 2024 y enero de 2025, tanto en parcelas municipales como privadas.
El atestado policial incorpora un estudio fotográfico y aéreo que documenta la evolución del vertedero desde 2001. Las imágenes muestran un crecimiento progresivo e ininterrumpido de la acumulación de residuos, configurando una auténtica montaña artificial visible desde varios kilómetros.
Informes previos alertaban del riesgo ambiental en Alcalá
No es la primera vez que las autoridades detectan la gravedad del problema. En 2022, la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía ya había advertido en un informe que el volumen de residuos superaba los 200.000 metros cúbicos, denunciando la ausencia de limpieza desde 2020.
Igualmente la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) confirmó en 2024 que el vertedero se asienta sobre un suelo de alta permeabilidad, lo que permite que las sustancias tóxicas se filtren con facilidad hacia los acuíferos subterráneos, comprometiendo la calidad del agua para consumo y riego.
Estos informes refuerzan la tesis del Ministerio Fiscal sobre la inacción administrativa y el riesgo de contaminación de recursos naturales esenciales. El impacto podría afectar no solo al entorno del Guadaíra, sino también a las explotaciones agrícolas que dependen de sus aguas.
En agosto de 2025, la Guardia Civil imputó a siete personas por su implicación en vertidos y quema de residuos en las zonas de Sevilla y Alcalá de Guadaíra.
Según las diferentes investigaciones, estas personas actuaban como intermediarios en una red paralela de gestión de residuos: recogían desechos de distintos puntos a cambio de dinero y los depositaban en el vertedero ilegal, donde eran abandonados o incinerados para extraer metales de valor.
El modus operandi descrito generaba un grave riesgo de combustión, insalubridad y contaminación del suelo, el aire y el agua, constituyendo una amenaza directa para la salud pública y el medio ambiente. Las columnas de humo derivadas de las quemas eran visibles desde varios puntos de la comarca.
La Fiscalía de Medio Ambiente reclama ahora depurar responsabilidades no solo entre los autores materiales de los vertidos, sino también entre quienes, desde la administración, omitieron su deber de control durante más de veinte años.
El caso se perfila como uno de los mayores episodios de contaminación ambiental investigados en Andalucía en la última década y podría derivar en imputaciones por delitos contra el medio ambiente y prevaricación si se confirma la existencia de omisiones deliberadas.