El pacto alcanzado entre la Junta de Andalucía y el Gobierno central hace poco más de un año para la preservación del entorno de Doñana está comenzando a materializarse. Los primeros frutos del acuerdo, centrados en objetivos económicos y medioambientales, se han traducido en medidas concretas y financiación para los municipios implicados, aunque los desafíos persisten.
70 millones para los municipios
Catorce municipios vinculados al acuerdo han recibido ayudas que suman 70 millones de euros. De esta cantidad, más del 34% ya se encuentra en ejecución. Las localidades de Palos de la Frontera y Pilas lideran las inversiones con más de 4 millones de euros cada una, destinados a proyectos de sostenibilidad y mejora urbana. Otros municipios como Moguer, Isla Mayor y Villamanrique han priorizado la restauración de corredores verdes y el patrimonio hídrico, mientras que localidades como Sanlúcar de Barrameda y Almonte también avanzan con proyectos relevantes, aunque a menor escala.
Frenar el deterioro del acuífero
Uno de los logros más significativos del acuerdo ha sido la adopción de medidas para mitigar el deterioro de Doñana, agravado por la explotación de su acuífero. La vicepresidenta tercera, Sara Aagesen, anunció la financiación de proyectos sostenibles por 11,5 millones de euros y una partida de 28 millones para incentivar el abandono de cultivos en 400 hectáreas, con vistas a expandir estas acciones en el futuro.
El Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) presentó un Marco de Actuaciones que, con una inversión prevista de 356 millones de euros hasta 2027, contempla el cierre de pozos ilegales, la recuperación de cauces y la mejora de infraestructuras de saneamiento. Desde 2016, ya se han clausurado 217 pozos ilegales y sustituido 450 por fuentes de agua superficial.
Ecosistemas en peligro
El estado crítico de tres de las cinco masas de agua subterránea de Doñana, sumado a la desconexión de lagunas como Charco del Toro y Zahillo con el acuífero, ilustra la gravedad de la situación. El cambio climático ha exacerbado estos problemas, con temperaturas más altas y veranos más prolongados que agravan el descenso de los niveles de agua.
Para contrarrestar estos efectos, se han planteado proyectos como la reconexión del río Guadiamar con la marisma, clave para la restauración hidrológica, y la reutilización de aguas depuradas para reducir la presión sobre el acuífero. Asimismo, se estudia la transferencia de agua desde otras cuencas, como la Tinto-Odiel-Piedras, que podría aportar casi 20 hectómetros cúbicos.
Infraestructuras y saneamiento
El capítulo más ambicioso del plan es la mejora del saneamiento y depuración de aguas, con una inversión de 168,4 millones de euros. Entre las actuaciones destacan la construcción de nuevas estaciones depuradoras en Matalascañas, Sevilla y otros municipios de la región, que no solo buscan cumplir con las normativas europeas, sino mejorar la calidad del agua que alimenta Doñana.
Acciones en el territorio
En el ámbito local, la finca Los Mimbrales se ha convertido en un ejemplo de las estrategias implementadas, con proyectos de restauración ecológica y prevención de incendios. También se han llevado a cabo actuaciones similares en la finca Las Marismillas y otras zonas del parque, destinadas a mejorar hábitats degradados y proteger especies emblemáticas.
El esfuerzo por revitalizar Doñana incluye la compra de terrenos con derechos de riego para sustituir aguas subterráneas por superficiales. Sin embargo, la gestión del núcleo turístico de Matalascañas sigue siendo un tema especialmente delicado. Entre las medidas previstas, destaca el cierre de sondeos actuales y la renovación de la red de distribución de agua, cuyas fugas contribuyen al agotamiento del acuífero.
A pesar de los avances, las voces expertas, como las de WWF, recuerdan que la situación de Doñana es excepcionalmente crítica, con la desecación de lagunas emblemáticas como Santa Olalla por tercer año consecutivo. Los proyectos en marcha son solo el inicio de un largo camino para garantizar la supervivencia de este espacio natural único, cuya recuperación dependerá de una gestión eficiente y la colaboración entre administraciones y sectores implicados.
