Un trabajador del área informática del Organismo Provincial de Asistencia Económica y Fiscal (Opaef), dependiente de la Diputación de Sevilla, ha sido detenido este miércoles por la Policía Nacional como presunto autor de un delito contra la intimidad. El arrestado, cuyas iniciales son F.P.M., está acusado de haber colocado una cámara oculta en el cuarto de baño femenino de la sede del organismo, situada en la calle Alejo Fernández de la capital hispalense.
El dispositivo fue descubierto el pasado 8 de octubre por una limpiadora, quien, sin saber quién estaba detrás, informó del hallazgo al propio técnico ahora detenido. Según fuentes policiales, fue él quien retiró la cámara y dio aviso a la dirección del Opaef, lo que ha generado sospechas de que su intención era desviar la atención y evitar ser vinculado con el caso.
Desde ese momento se abrió una investigación policial. Los agentes requisaron el teléfono del sospechoso hace unas semanas, y este miércoles procedieron a su detención. Ha sido trasladado a dependencias policiales en la avenida Blas Infante, donde prestará declaración antes de ser puesto a disposición judicial. Por ahora, no se ha confirmado si se han encontrado imágenes comprometedoras relacionadas con el caso.
Baño de uso compartido
El cuarto de baño afectado es de uso compartido entre empleadas del organismo y ciudadanas que acuden a realizar gestiones, lo que impide precisar cuántas mujeres pudieron haber sido grabadas ni desde cuándo estaba activa la cámara. Cabe recordar que en España está prohibida la instalación de cámaras, incluso de seguridad, en espacios como baños, por atentar contra el derecho a la intimidad.
La Diputación de Sevilla ha condenado «de forma rotunda» lo ocurrido y ha garantizado su colaboración con la Justicia. La institución ha anunciado la apertura de un expediente de información reservada y ha avanzado que adoptará «medidas firmes» conforme avance el proceso judicial.
No obstante, los sindicatos han expresado duras críticas a la gestión de la dirección del Opaef. Denuncian una falta de transparencia desde que se descubrió la cámara, así como la ausencia de una denuncia formal por parte del organismo. Según representantes de CCOO, CSIF, USO y SAT, en la semana siguiente al hallazgo ni siquiera se inspeccionaron otros baños, y la gerencia evitó tomar acciones concretas, adoptando una postura de silencio.
En una carta enviada el pasado 7 de marzo a todos los portavoces de los grupos políticos en la Diputación, los sindicatos reprocharon la inacción de la dirección. Solo el grupo Con Andalucía respondió y estaba en proceso de organizar una reunión cuando se produjo la detención. En ese escrito, calificaron la actitud institucional como “obscena y misógina”, señalando que se ha desprotegido tanto a las trabajadoras como a las contribuyentes.
Denuncias de los sindicatos
Además, los sindicatos han recordado los problemas de seguridad en varias sedes del Opaef, motivo por el que solicitaron una reunión con la vicepresidenta del organismo, Inmaculada Márquez. Según relatan, Márquez respaldó la actuación de la dirección y no impulsó medidas adicionales.
Cinco meses después del descubrimiento del dispositivo, y pese a la gravedad de los hechos, la denuncia no partió del Opaef, sino que fue impulsada por la Policía a través de las afectadas, a quienes se pidió que presentaran una denuncia individual para poder iniciar las diligencias.
Este caso ha abierto un nuevo frente de crítica hacia la gestión del presidente de la Diputación, Francisco Javier Fernández de los Ríos, quien aún no se ha pronunciado públicamente sobre el asunto.
