Detenido en Pilas por colocar una cámara oculta para grabar a dos mujeres en su propia casa
Detenido en Pilas por colocar una cámara oculta para grabar a dos mujeres en su propia vivienda
La Guardia Civil ha detenido en el municipio sevillano de Pilas a un hombre acusado de instalar una cámara oculta en una vivienda con el objetivo de grabar imágenes íntimas de dos mujeres mientras se cambiaban de ropa.
El detenido, que mantenía una relación de confianza con las víctimas, aprovechó su acceso habitual al domicilio para colocar el dispositivo de grabación en una de las habitaciones.
Según ha informado el instituto armado, los hechos comenzaron en el mes de abril de 2024 y se prolongaron durante aproximadamente cuatro meses.
Durante ese tiempo, el individuo, encargado del cuidado de uno de los moradores de la vivienda, habría aprovechado su situación de cercanía para manipular el entorno doméstico sin levantar sospechas.
La investigación se inició tras la denuncia presentada por una de las afectadas, quien descubrió la cámara oculta mientras realizaba tareas cotidianas en el dormitorio.
Al inspeccionar el dispositivo, los agentes comprobaron que contenía grabaciones en las que las mujeres aparecían desnudándose y vistiéndose, en total hasta en cinco ocasiones distintas.
El contenido fue analizado por especialistas del área de criminalística, confirmando la naturaleza delictiva de las imágenes.
Ante la gravedad de los hechos, se procedió al registro de la habitación del presunto autor, donde se localizaron diversos equipos electrónicos, teléfonos móviles, ordenadores portátiles y memorias externas que fueron incautados para su análisis.
Las diligencias policiales fueron remitidas al Juzgado de Guardia de Sanlúcar la Mayor, que dictó una medida cautelar de alejamiento entre el detenido y las víctimas.
La Guardia Civil mantiene abierta la investigación y no descarta que puedan aparecer nuevas perjudicadas una vez se examine todo el material informático intervenido.
Este tipo de casos, catalogados como delitos contra la intimidad, ponen de relieve los riesgos que supone el uso indebido de la tecnología con fines ilícitos.
La grabación de personas en situaciones privadas, sin su consentimiento, constituye una vulneración grave del derecho a la intimidad personal y familiar reconocido en la Constitución Española y protegido de manera expresa por el Código Penal.
La investigación continúa abierta en Pilas
Los investigadores del puesto de la Guardia Civil en Pilas continúan analizando minuciosamente los dispositivos incautados al detenido, con el objetivo de determinar si existen más grabaciones o víctimas potenciales.
El material intervenido podría contener datos que permitan esclarecer si el acusado actuó solo o si compartió las imágenes con terceros a través de internet o redes sociales.
Fuentes del instituto armado destacan que las víctimas han recibido apoyo psicológico y asesoramiento jurídico durante el proceso. La prioridad, explican, es garantizar su protección y evitar cualquier nueva exposición de su intimidad.
La Guardia Civil recuerda, además, la importancia de denunciar cualquier sospecha relacionada con cámaras ocultas o grabaciones no consentidas, especialmente en entornos domésticos o de confianza, donde este tipo de delitos suelen pasar inadvertidos durante largo tiempo.
En paralelo, las autoridades judiciales estudian la posibilidad de ampliar las medidas de protección si se confirma la existencia de más afectadas.
La investigación podría derivar en nuevos cargos si se demuestra la difusión o almacenamiento intencionado de material íntimo sin consentimiento.
Qué pena contempla la ley para los delitos contra la intimidad
El Código Penal, en su artículo 197, tipifica como delito la captación, reproducción o difusión de imágenes de una persona en un ámbito privado sin su autorización.
Las penas pueden oscilar entre uno y cuatro años de prisión y multas económicas de doce a veinticuatro meses, dependiendo de la gravedad de los hechos y de si hubo difusión de las grabaciones.
Si se demuestra que las imágenes fueron compartidas con otras personas o publicadas en redes, la pena puede aumentar hasta los cinco años de cárcel. Asimismo, si las víctimas son menores de edad, las sanciones pueden agravarse considerablemente.
El Tribunal Supremo ha recordado en varias sentencias recientes que la simple instalación de un dispositivo para grabar en un espacio íntimo ya constituye delito, incluso si no se llega a obtener material gráfico.
En este caso, la intención del acusado y la invasión del espacio privado son suficientes para justificar una condena.
Las autoridades insisten en que la protección de la intimidad es un derecho fundamental, y que el uso de cámaras ocultas con fines ilícitos atenta directamente contra la dignidad y la seguridad de las personas.
La investigación en Pilas continúa su curso, mientras las víctimas esperan justicia ante un acto que ha vulnerado su vida privada de forma profunda.