Desmantelan en Sevilla una organización que engañaba a colombianos con falsos ‘packs de viaje’ hacia España
Ocho detenidos en Sevilla por traer a España a migrantes con falsas promesas de trabajo
La Policía Nacional ha logrado desarticular una organización criminal internacional que operaba entre Colombia y España, dedicada presuntamente al tráfico de personas con fines de explotación laboral.
El entramado, asentado en la ciudad de Sevilla, captaba a hombres y mujeres en situación de vulnerabilidad económica a quienes ofrecía un supuesto “pack de viaje” para llegar al territorio español, a cambio de una deuda que podía alcanzar los 5.000 euros.
Las investigaciones, desarrolladas por agentes especializados en la lucha contra la trata de seres humanos, han permitido identificar al menos a 22 personas que ingresaron en España a través de este sistema fraudulento. La operación culminó con la detención de ocho miembros de la red, entre ellos los principales cabecillas, todos localizados en la capital andaluza.
Captación en Colombia y explotación en España
La investigación tuvo su origen en 2024, tras el análisis de datos obtenidos en una operación anterior contra una red de tráfico de personas. Esa información llevó a descubrir una segunda estructura criminal, mucho más organizada, que operaba en ambos lados del Atlántico.
En Colombia, los miembros de la red se encargaban de reclutar a víctimas en condiciones de extrema necesidad, aprovechando su desesperación y prometiéndoles oportunidades laborales en España, especialmente en los sectores de cuidado de mayores y restauración.
El llamado “pack de viaje” incluía el billete de avión, instrucciones detalladas para superar los controles fronterizos y una cantidad inicial de dinero en efectivo que las víctimas debían devolver inmediatamente al llegar.
No obstante, tras su llegada a España, muchas se encontraban con una realidad muy distinta: una deuda impagable, empleos precarios y, en algunos casos, la amenaza constante de represalias si no cumplían con los pagos acordados.
Documentación falsa y fraude laboral en España
Una vez en territorio español, la red funcionaba como una agencia de colocación clandestina. Los explotadores ofrecían empleos en el sector doméstico en Sevilla y en la hostelería en Cádiz, facilitando documentación ajena para formalizar contratos laborales de manera irregular.
Estos documentos, pertenecientes a personas regularizadas o vinculadas al grupo criminal, eran alquilados por 200 euros mensuales, lo que permitía a la organización obtener beneficios adicionales.
Además, los titulares legítimos de los documentos se aprovechaban posteriormente de las prestaciones por desempleo generadas con esas falsas contrataciones, lo que añade un componente de fraude a la Seguridad Social y al sistema de prestaciones públicas.
Amenazas y control sobre las víctimas en Sevilla
El control de la organización sobre las víctimas no se limitaba al ámbito económico. Cuando alguno de los migrantes no podía pagar las cuotas impuestas, los líderes de la red recurrían a amenazas directas contra sus familias en Colombia. En varios casos, los afectados se vieron obligados a abandonar sus hogares o cambiar de ciudad por miedo a las represalias.
Las autoridades españolas destacan la complejidad de la estructura desarticulada, con funciones claramente distribuidas entre captadores, transportistas, falsificadores y responsables financieros. La operación sigue abierta y no se descartan nuevas detenciones tanto en España como en territorio colombiano.
Cooperación internacional y lucha contra la trata
Fuentes policiales han subrayado la importancia de la cooperación internacional entre las fuerzas de seguridad de ambos países para combatir estas redes transnacionales. El caso evidencia, según los investigadores, la creciente sofisticación de las mafias que operan bajo apariencia de servicios migratorios legales, pero que esconden detrás unos terribles mecanismos de explotación y coerción sobre otras personas que sólo quieren mejorar su vida.
Con esta actuación, la Policía Nacional viene a confirmar y reafirma su compromiso en la lucha contra el tráfico de seres humanos y la explotación laboral, delitos que constituyen una de las formas más graves de vulneración de los derechos fundamentales de las personas.