Demolición inminente de la gasolinera Alcosa con veinte familias que quedan al borde del paro
La gasolinera Alcosa se enfrenta a su derribo tras una denuncia de la competencia: “Nos dejan sin defendernos”
La estación de servicio Alcosa vive horas decisivas ante la orden de demolición que debe ejecutarse de inmediato para "devolver la legalidad", una resolución que deja en el aire el futuro laboral de veinte familias y que ha generado un profundo sentimiento de impotencia entre los responsables del negocio.
La anulación de la licencia de obras, concedida en el año 2020, tras una denuncia de un competidor, ha desembocado en un proceso judicial que declara que la empresa no tiene derecho alguno sobre los terrenos donde se ubican las instalaciones.
Según explican los gestores de la gasolinera, el origen del conflicto se remonta a una denuncia interpuesta por otra empresa del sector por motivos técnicos relacionados con la licencia original. La cuestión terminó en los tribunales y concluyó con la nulidad del permiso y la obligación de devolver la parcela a su estado previo.
La decisión judicial, firme desde hace semanas, deja ahora a la plantilla en una situación límite.
Jesús Martínez, responsable de la estación, asegura que han agotado todas las vías administrativas para tratar de frenar el derribo, pero sin éxito. Relata que la resolución llega “sin haber podido defendernos” y denuncia que nunca fueron notificados de la sentencia en el momento procesal adecuado.
“Nos enteramos cuando ya no teníamos opción de presentar recurso. Urbanismo cometió errores que nos dejaron indefensos y, mientras tanto, una empresa con mayor peso económico ha presionado para dejarnos fuera del mercado”, afirma el propietario.
Ante este escenario, Martínez ha impulsado en redes sociales una campaña para dar visibilidad al caso, abriendo incluso una cuenta específica en Instagram donde relata el impacto humano y económico que tendrá el cierre.
En paralelo los trabajadores y vecinos han iniciado una recogida de firmas que ya supera las 4.000 adhesiones y preparan movilizaciones en la zona para pedir que se reconsidere la ejecución inmediata de la demolición.
Dictamen de Urbanismo
El empresario sostiene que el negocio actuó siempre conforme a la normativa y que las instalaciones cuentan con todos los elementos legalizados. Sin embargo, la denuncia de la competencia y el posterior dictamen de Urbanismo llevaron al juzgado a ordenar el restablecimiento de la finca, lo que implica el derribo total de la gasolinera. El caso lo instruye el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 9.
Más allá del daño empresarial, Martínez subraya las consecuencias personales que acarrea la decisión. Afirma estar recibiendo tratamiento psicológico ante la presión de tener que despedir a veinte empleados que llevan años vinculados al proyecto. “Esto nos supone una ruina moral, económica y social. Hay hipotecas, familias enteras que dependen de este trabajo. Romper este equipo es devastador”, lamenta.
La gasolinera, situada en la calle Ulpiano Blanco, junto a la barriada del Aeropuerto Viejo y próxima al Parque Alcosa, ha mantenido históricamente una fuerte relación con su entorno. El responsable recuerda que, durante el apagón del 28 de abril de 2025, la estación proporcionó suministro eléctrico temporal que permitió a numerosos vecinos mantener servicios básicos. “Siempre hemos estado para la gente de aquí, y ahora somos nosotros los que pedimos que se nos escuche”, señala.
No es la primera vez que el establecimiento se enfrenta a un cierre forzoso. Hace dos años permaneció clausurado durante once meses a raíz de otra denuncia del mismo competidor. Tras realizar diversas modificaciones exigidas por la administración, lograron reabrir el año pasado en una situación económica límite. “Llegué a tener solo siete euros en la cuenta”, confiesa Martínez.
La asociación Elite Taxi, que tenía su sede en unas caracolas anexas a la estación, ha mostrado públicamente su apoyo al equipo de la gasolinera y reclama una salida que evite la destrucción de empleo.
Mientras avanza el reloj hacia la fecha marcada para el derribo, los responsables del negocio mantienen la esperanza en una solución de última hora que permita tramitar una nueva licencia y conservar la actividad. De momento, la incertidumbre domina un escenario en el que veinte familias podrían perder su sustento de un día para otro.