Manuel Molina en el Hospital Virgen del Rocío.
El destituido en Sevilla, Manuel Molina.

Crisis en la Sanidad andaluza, Antonio Sanz destituye al delegado de Salud de Sevilla por los fallos en los cribados

Antonio Sanz releva a Manuel Molina como delegado de Salud en Sevilla tras la crisis de los cribados

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La crisis sanitaria provocada por los errores en los cribados del cáncer de mama en Andalucía continúa cobrando responsabilidades políticas. El consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, ha destituido este jueves al delegado territorial de Salud en Sevilla, Manuel Molina, en el que ya es el cuarto cese relevante dentro de la Consejería de Sanidad.

Su lugar lo ocupará Silvia Pozo, hasta ahora concejal del Ayuntamiento de Sevilla y delegada del Distrito Macarena, que abandona sus funciones municipales para incorporarse a la Junta de Andalucía.

El caso ha desencadenado una profunda crisis interna en el Gobierno andaluz tras revelarse que centenares de mujeres no fueron informadas de posibles anomalías en sus pruebas de detección precoz.

La consejera de Salud, Rocío Hernández, ya fue destituida hace unas semanas por el presidente Juanma Moreno, en un intento de frenar el desgaste político que ha generado el escándalo. Desde entonces, los movimientos dentro de la estructura sanitaria no han cesado.

La salida de Manuel Molina se produce después de más de un mes de presiones internas y externas. Molina, que fue gerente del Hospital Virgen del Rocío, se encontraba en el centro de la polémica, ya que en este centro se concentran la mayoría de los casos detectados.

Diversas fuentes sanitarias habían trasladado a la Consejería su malestar por la gestión del delegado y por la falta de claridad en la comunicación con las pacientes afectadas. A día de hoy, no se ha confirmado si Molina fue quien ordenó no informar a las mujeres cuyos resultados presentaban dudas tras las mamografías realizadas dentro del programa autonómico de detección precoz.

Relevo en Salud de Sevilla

Pero el relevo en Sevilla no ha sido el único movimiento en el organigrama. Junto al cese de Molina, el consejero Antonio Sanz ha decidido apartar también a Ismael Muñoz Martínez, hasta ahora secretario general de Planificación Asistencial y Consumo, y a Ana María Reales, directora general de Cuidados y Atención Sociosanitaria.

En su lugar, se incorporan Silvia Maraver Ayala, que asumirá el nuevo cargo de Secretaria General de Humanización, Calidad y Planificación Asistencial, y Trinidad Rus, quien pasará a dirigir el área de Cuidados, Salud Mental y Adicciones.

Silvia Maraver, una profesional con larga trayectoria en la administración andaluza, era hasta ahora gerente de la Fundación Faisem, dedicada a la gestión de recursos para personas con dependencia o discapacidad derivada de trastornos mentales graves.

Su llegada busca potenciar el enfoque de “humanización” que Sanz quiere imprimir a la nueva estructura de la Consejería, con la intención de recuperar la confianza ciudadana tras la crisis de los cribados.

Los ceses anunciados se suman a una cadena de destituciones y dimisiones que ya acumula seis nombres desde que estalló la polémica.

Más allá de Hernández, fueron apartados el jefe de servicio de Radiología del Hospital Virgen del Rocío, quien dimitió por “responsabilidad institucional”, y la responsable de coordinación de la Unidad de Mama del mismo centro, donde se concentran el 90% de los errores detectados.

Mientras tanto, la tensión en el ámbito sanitario no cesa. Los sindicatos Satse y CSIF, que inicialmente iban a participar en las manifestaciones previstas para este domingo en defensa de la sanidad pública andaluza, han decidido finalmente retirarse de las convocatorias, lo que evidencia la división interna en el sector.

No obstante, otras organizaciones mantienen las protestas para exigir “transparencia y depuración total de responsabilidades”.

La Consejería de Sanidad intenta cerrar una de las mayores crisis de gestión de los últimos años en el sistema de salud andaluz. Con los nuevos nombramientos, Antonio Sanz pretende “reforzar la confianza y la calidad asistencial” en un momento en que la imagen pública del Servicio Andaluz de Salud ha quedado seriamente dañada.

Aunque, mientras no se conozcan los resultados de la investigación interna y no se esclarezca quién tomó las decisiones que afectaron a cientos de pacientes, la crisis política y sanitaria está lejos de darse por resuelta.