Una investigación interna ha puesto en evidencia un caso de corrupción que involucra a la unidad antidroga de la Policía Nacional en Alcalá de Guadaíra (Sevilla). Según el atestado elaborado por Asuntos Internos tras la operación de septiembre de 2024, el subinspector responsable del grupo habría estado recibiendo mensualmente entre 2.000 y 3.000 euros de un conocido narcotraficante local. Dichos pagos, según la denuncia, se habrían destinado a proporcionar protección a la organización criminal y a asegurar la eliminación de cualquier competencia en el lucrativo negocio de la droga.
La investigación, que se inició en septiembre de 2023 tras recibir una denuncia anónima, ha destapado un entramado en el que el funcionario, identificado como J. A. D. G., habría facilitado información privilegiada obtenida en el ejercicio de sus funciones. Este “servicio” habría consistido en advertir al narcotraficante –quien opera bajo el alias «Momi» en la barriada de La Rabesa– sobre posibles operativos policiales, lo que le habría permitido garantizar un monopolio en la venta de estupefacientes en la zona.
Entre las pruebas recogidas se encuentran registros de intervenciones telefónicas y el seguimiento mediante balizas GPS instaladas en algunos vehículos. Uno de los mensajes interceptados reveló que, en una ocasión, el narcotraficante afirmó con tono seguro: “Tú sabes que yo te habría avisao”, evidenciando la cercanía y la habitualidad de estos intercambios ilícitos.
El informe de Asuntos Internos
El informe de Asuntos Internos, que abarca 688 folios, detalla que el subinspector no solo protegía a la organización, sino que también se encargaba de “neutralizar” a competidores, permitiendo a la banda de “Momi” expandir su influencia. Además, se han identificado irregularidades en la gestión de bienes confiscados durante operativos contra el cultivo y tráfico de marihuana. Varios agentes, presuntamente coordinados, habrían repartido en forma irregular los beneficios obtenidos tras el decomiso de equipos y plantas de marihuana, lo que habría contribuido a un enriquecimiento ilícito de la unidad.
Si bien la operación de septiembre de 2024 culminó con la detención de cinco policías implicados, las investigaciones judiciales han permitido la liberación de tres de ellos, mientras que el subinspector J. A. D. G. continúa en prisión. La denuncia formal incluye cargos por pertenencia a organización criminal, cohecho, falsedad documental y otros delitos, entre los que se destacan aquellos relacionados con el blanqueo de capitales.
La investigación ha evidenciado que la organización de “Momi” se dedicaba a la distribución de pequeñas cantidades de drogas, como cocaína, hachís y heroína. En concreto, se calcula que la banda distribuía alrededor de dos kilos de cocaína mensuales, lo que se traduce en beneficios que podrían alcanzar los 120.000 euros, dado el elevado precio de venta por gramo en el mercado clandestino.
Dualidad en la actuación policial
Por otro lado, el informe resalta la dualidad de la actuación policial: por un lado, se cumplían funciones propias de la seguridad ciudadana, pero por otro, se permitía que ciertos agentes se beneficiaran de la información y de la gestión de bienes provenientes de registros domiciliarios. En uno de los episodios registrados, se constató que el subinspector habría informado al líder criminal sobre la colocación de una baliza en uno de sus vehículos, lo que permitió a la banda tomar medidas de precaución y abandonar su domicilio.
La gravedad de estos hechos no solo afecta la credibilidad de la institución policial, sino que también pone en riesgo la lucha contra el narcotráfico y la seguridad pública. Las investigaciones continúan para determinar el alcance exacto de esta red de corrupción, que habría operado de forma coordinada desde al menos el año 2020.
Este caso, que ha sacudido a la comunidad policial de Alcalá de Guadaíra, evidencia la necesidad de reforzar los mecanismos de control interno y transparencia en las fuerzas de seguridad, con el fin de evitar que la corrupción se infiltre en instituciones destinadas a proteger a la ciudadanía.
