Caso Sandra Peña: FSIE rompe su silencio y defiende al profesorado del Irlandesas Loreto
El sindicato FSIE sale en defensa del profesorado del colegio Irlandesas Loreto tras la muerte de Sandra Peña
La Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza (FSIE), organización que agrupa a docentes y trabajadores de la enseñanza concertada, ha manifestado su respaldo al profesorado del Colegio Irlandesas Loreto, después del fallecimiento de Sandra Peña, una alumna de 14 años que se quitó la vida el pasado 14 de octubre tras sufrir presuntamente acoso escolar.
El caso ha generado una profunda conmoción social y ha abierto un debate sobre la actuación de los centros educativos en situaciones de acoso, la responsabilidad institucional y el papel de las redes sociales en la salud mental de los menores.
FSIE considera que es necesario “dignificar y alzar la voz en favor de la profesionalidad” de los docentes y del personal no docente del centro, que —según indica el sindicato— han trabajado históricamente con compromiso, responsabilidad y entrega hacia su alumnado y las familias.
En un comunicado, la federación expresó su preocupación por la repercusión pública del caso y por las acusaciones que califican de injustas y desproporcionadas.
La organización sindical argumenta que los profesores del colegio adoptaron las medidas previstas en los protocolos de actuación ante el acoso escolar y el riesgo suicida, y que las acusaciones de negligencia o de conductas delictivas no se corresponden con la realidad del trabajo diario en el aula.
“Nos parece injusto atribuir delitos a unos profesionales que, como se asegura desde el colegio, actuaron siguiendo los procedimientos establecidos y se volcaron en el bienestar de sus alumnos”, señaló FSIE Andalucía.
El sindicato también aprovechó su comunicado para advertir sobre el papel dañino de las redes sociales en la vida de los adolescentes, subrayando que las plataformas digitales “carecen del nivel de seguridad y protección necesario” y que sus algoritmos pueden exponer a los menores a contenidos perjudiciales para su salud mental.
Según FSIE, los entornos virtuales se han convertido en espacios de interacción entre iguales —y, en ocasiones, entre desconocidos que se hacen pasar por adolescentes—, fuera del control de padres y educadores.
La familia de Sandra Peña ha presentado una querella contra el colegio, en la que se imputan tres posibles delitos: homicidio, lesiones psíquicas y trato degradante.
Como parte del proceso, el director, la jefa de estudios, la orientadora y la tutora de la alumna declararon ante la Fiscalía de Menores, que analiza si existieron omisiones en la aplicación de los protocolos obligatorios de prevención del acoso y del suicidio.
Por su parte, la dirección del centro ha reconocido que se abrieron ambos protocolos internos, pero no se comunicaron oficialmente a la Junta de Andalucía a través de la plataforma educativa Séneca, un requisito contemplado en la normativa regional.
La familia sostiene que el colegio no tomó medidas suficientes, limitándose —según la versión que narran— a cambiar a las alumnas implicadas de clase pese a las reiteradas advertencias de la madre.
FSIE reiteró su confianza en la profesionalidad del claustro del Colegio Irlandesas Loreto y del conjunto del profesorado de la enseñanza concertada andaluza, recordando que la labor educativa “requiere serenidad, respeto y responsabilidad” en momentos de alta tensión mediática.
“Es fundamental preservar la convivencia y el prestigio de la comunidad educativa”, enfatizó la federación.
Críticas a la actuación del profesorado tras el acoso sufrido por Sandra Peña
El fallecimiento de Sandra Peña ha provocado una avalancha de críticas hacia los docentes del centro, especialmente en redes sociales, donde numerosos usuarios y asociaciones de padres han cuestionado la falta de medidas más severas contra las alumnas que la acosaban.
Según la familia, las quejas presentadas ante la dirección del colegio no derivaron en sanciones disciplinarias contundentes, lo que habría permitido que el acoso continuara pese a las advertencias.
Diversos colectivos de madres y padres han reclamado una revisión profunda de los protocolos escolares de actuación frente al acoso, así como una mayor formación del profesorado en detección temprana y gestión emocional del alumnado.
Organizaciones de psicología educativa han insistido en que el cambio de aula no siempre basta para frenar el hostigamiento, y que los centros deben contar con equipos especializados y coordinación directa con las autoridades educativas y sanitarias.
Mientras la investigación judicial sigue su curso, el caso de Sandra Peña se ha convertido en un símbolo de la necesidad urgente de reforzar la protección de los menores en los entornos escolares y digitales, así como de promover una cultura de respeto y empatía dentro y fuera de las aulas.