Un juzgado de Ciudad Real ha abierto una investigación tras la incautación de objetos prohibidos a Miguel Carcaño, condenado por el asesinato de Marta del Castillo, en la prisión de Herrera de la Mancha. La intervención del material, que tuvo lugar hace algo más de un mes, ha reavivado la indignación de los padres de la víctima, quienes reclaman una investigación profunda ante los supuestos privilegios penitenciarios del recluso.
Según fuentes penitenciarias consultadas por este medio, la información sobre los objetos incautados ya ha sido trasladada a la autoridad judicial. Aunque no se ha detallado públicamente el listado completo de efectos, se menciona un ordenador de fabricación casera, una tablet, un pincho Wifi y un teléfono móvil, presuntamente facilitados por una funcionaria con la que Carcaño habría mantenido una relación personal.
A pesar de la gravedad de las sospechas, las mismas fuentes insisten en que «hasta el momento, no aparece implicado ningún funcionario ni funcionaria en la investigación». La administración penitenciaria habría seguido los protocolos habituales al detectar los objetos, iniciando un análisis interno y notificando al juzgado competente al considerar que el hallazgo podría tener repercusiones penales.
Miguel Carcaño, asesino confeso de Marta del Castillo
Los padres de Marta del Castillo, Antonio del Castillo y Eva Casanueva, intervinieron este martes en el programa Código 10, emitido por Cuatro y presentado por los periodistas Nacho Abad y David Alemán. Durante su intervención, solicitaron públicamente una investigación exhaustiva y compararon el caso con el de Ana Julia Quezada, autora del asesinato del niño Gabriel Cruz, cuya situación penitenciaria ha sido igualmente objeto de escrutinio mediático.
«Esto es dejación de funciones de libro, es corrupción. Creo que hay un delito de cohecho», denunció Antonio del Castillo, visiblemente indignado. Por su parte, Eva Casanueva cuestionó el nivel de confort que estaría teniendo Carcaño en prisión y pidió que se le traslade a un centro penitenciario en El Puerto de Santa María, mientras que su presunta cómplice, la funcionaria, sea enviada a una prisión en Galicia.
La gravedad de estas declaraciones, sumadas al contexto emocional que envuelve este caso desde hace más de quince años, ha intensificado la presión pública sobre Instituciones Penitenciarias y el Ministerio del Interior. De momento, la investigación judicial sigue su curso, sin indicios claros de complicidad por parte del personal del centro penitenciario.
El caso Marta del Castillo, que marcó un antes y un después en la conciencia social española, vuelve así a ocupar el foco mediático, con nuevas incógnitas que, una vez más, exigen respuestas y responsabilidades.
