
Batalla perdida de los vecinos en Matalascañas contra el plan de zona azul, el Ayuntamiento gana el pulso legal
El debate está servido y, a dos años de su implantación, la zona azul ya ha marcado un antes y un después en el clima social del núcleo turístico

El Ayuntamiento de Almonte ha recibido el respaldo jurídico que necesitaba para continuar con la implantación de la zona azul en la localidad de Matalascañas a partir del verano de 2026.
El Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía desestimó el recurso presentado contra el proceso de licitación, validando tanto el procedimiento como la competencia del órgano que lo gestionó. Con este aval, el consistorio ha reforzado su apuesta por una regulación del aparcamiento que pretende aliviar la saturación en verano del núcleo costero.
El Ayuntamiento ha asegurado que el sistema no será uniforme en toda la urbanización, ya que contemplará tarifas diferenciadas según la ubicación, con tramos gratuitos y bonificaciones.
Los empadronados en Matalascañas estarán exentos de pago -no tendrán que pagar-, mientras que los vecinos de Almonte y El Rocío tendrán condiciones ventajosas. Además, se contemplan bonos especiales para trabajadores y veraneantes de larga estancia. Las personas que tengan segundas residencias en Matalascañas -muchos de ellos de Sevilla- y no estén empadronadas tendrán que pagar.
La medida, según el Consistorio, responde a la necesidad de mejorar la movilidad y la rotación de vehículos en el periodo de los meses de mayor afluencia, y aseguran que los ingresos generados se reinvertirán en la mejora de infraestructuras, asfaltado, digitalización de servicios y actuaciones de sostenibilidad en Matalascañas.
Protestas de los vecinos contra la zona azul en Matalascañas y la gestión municipal
Sin embargo, la iniciativa no ha sido bien recibida por una parte amplia de la población. Este pasado viernes, cientos de vecinos respondieron a la convocatoria de la Asociación de Propietarios de Matalascañas y se concentraron en la rotonda de la carretera norte a fin de mostrar su rechazo al proyecto.
Las críticas no solo se centraron en la implantación de la zona azul, sino también en la entrega de la gestión del ciclo integral del agua a una empresa privada así como en la falta de servicios básicos.
En un manifiesto leído durante la protesta, los manifestantes denunciaron el “abandono” que sufre la urbanización. Al respecto indicaban: “Exigimos infraestructuras y servicios básicos dignos: un paseo marítimo en condiciones, conducciones de agua nuevas, una depuradora legal, acerado, asfaltado y accesos a la playa preparados”.
También reclamaron mayor implicación en el mantenimiento del entorno y el problema de la acumulación de arena. Denunciaron que “ni siquiera hay lavapiés en todas las bajadas”.
Críticas por la gestión del agua y falta de transparencia
Otro de los puntos de fricción es la gestión del agua ya que los vecinos lamentan el “caos” en este ámbito, recordando que desde el año 2018 se enfrentan a sanciones por el funcionamiento irregular de la depuradora.
Igualmente acusan al Ayuntamiento de opacidad en relación con los 14,5 millones de euros que ingresará merced a la nueva concesión del ciclo integral del agua. Afirman que “se niega a informar a los ciudadanos sobre el destino de ese dinero”.
La Asociación de Propietarios señala que ha solicitado hasta seis reuniones con el alcalde sin obtener respuesta, lo que consideran una muestra del “desprecio institucional” hacia los residentes. Lamentan que “financiamos el 65% de las arcas municipales con nuestros impuestos y lo único que recibimos a cambio es una zona azul y cero euros en inversiones”.
La implantación de la zona azul en Matalascañas se ha convertido así en un tema de fuerte confrontación de vecinos y Ayuntamiento. Mientras el Consistorio defiende el proyecto como una herramienta para mejorar la ordenación del tráfico así como para reinvertir en la mejora de los servicios, los vecinos y propietarios denuncian una falta de atención histórica y temen que la medida suponga una carga económica más sin mejoras visibles.