
Aviso a propietarios: qué implica la cancelación de 1.251 viviendas turísticas en Sevilla
La Junta cancela 1.251 viviendas turísticas en Sevilla y refuerza el control del sector

La Junta de Andalucía ha intensificado en los últimos meses su estrategia de control sobre las Viviendas de Uso Turístico (VUT), con un balance de 1.251 cancelaciones en la provincia de Sevilla desde febrero de 2024.
De ellas, 1.119 corresponden a la capital hispalense, según confirmó el consejero de Turismo, Cultura y Deporte, Arturo Bernal, durante una comparecencia en la que defendió que estas medidas buscan “garantizar un servicio seguro, legal y en igualdad de condiciones con el resto de la oferta reglada”.
El registro autonómico mantiene bloqueadas las nuevas inscripciones en municipios con restricciones urbanísticas, a la vez que se refuerzan los mecanismos de inspección. La Junta insiste en que estas actuaciones no persiguen frenar el turismo, sino ordenar un mercado que ha crecido de manera exponencial en los últimos años.
Entre las novedades más destacadas, la Consejería anunció la incorporación de un grupo especializado de la Unidad del Cuerpo Nacional de Policía Adscrita a la Comunidad Autónoma, que trabajará de manera conjunta con los inspectores de Turismo.
Su labor será detectar actividades irregulares sobre el terreno y agilizar los expedientes de cancelación cuando se incumpla la normativa.
Bernal subrayó que las cancelaciones son “la garantía de que quien no cumple no puede operar”, defendiendo que el objetivo es proteger tanto a los turistas como a los empresarios que cumplen con las exigencias legales. “Cuando un viajero reserva en Andalucía, tiene derecho a encontrar una vivienda segura y reglada”, afirmó.
Convenios municipales y tecnología al servicio del control de viviendas turísticas
La estrategia del Ejecutivo autonómico también pasa por reforzar la cooperación con los ayuntamientos. En la actualidad, la Junta mantiene ocho convenios firmados con municipios andaluces —entre ellos Sevilla, Málaga, Granada, Cádiz y Jerez de la Frontera—, mientras otros 23 se encuentran en fase de tramitación.
Esta red permite intercambiar datos y coordinar actuaciones conjuntas para aumentar la eficacia de las inspecciones.
A ello se suma la modernización del sistema informático del Registro de Turismo de Andalucía, que desde este año incluye avisos automáticos para los ciudadanos que intenten inscribir una VUT en zonas donde existen limitaciones.
En ciudades como Sevilla, Málaga o Córdoba, el sistema alerta de forma preventiva sobre las consecuencias legales y la apertura inmediata de un expediente de cancelación si no se cumplen los requisitos.
El anuncio de estas medidas coincidió con un nuevo enfrentamiento político entre la Junta y el Gobierno de España. Bernal respondió a las recientes declaraciones del presidente Pedro Sánchez, que vinculaba el auge de las viviendas turísticas con la dificultad de acceso a la vivienda.
El consejero rechazó esa relación y defendió que “ni el turismo ni las VUT son el problema, sino una legislación estatal deficiente que desprotege a los propietarios”.
El dirigente autonómico insistió en que la competencia en materia de turismo es exclusiva de la Junta de Andalucía, recordando que el Ejecutivo central “no tiene capacidad para cancelar ninguna VUT”. En su intervención, subrayó que mientras el Gobierno andaluz ha tramitado más de 10.500 cancelaciones en toda la comunidad, el Gobierno central “no ha ejecutado ninguna”.
La tensión política también alcanza el terreno europeo. Bernal cuestionó la viabilidad del Registro Único de Viviendas de Uso Turístico anunciado por Moncloa, alegando que el Consejo de Estado ha emitido informes críticos y que la Unión Europea mantiene un expediente abierto por posible invasión de competencias autonómicas.
Mientras tanto, el debate sobre la regulación del turismo de corta estancia sigue abierto en Andalucía. La Junta defiende que las cancelaciones son una herramienta para equilibrar el mercado y garantizar una oferta legal, mientras que desde el Gobierno central se insiste en la necesidad de abordar el impacto de estas viviendas sobre el acceso a la vivienda habitual.
Lo cierto es que, con la capital sevillana a la cabeza, Andalucía se ha convertido en uno de los territorios con mayor número de VUT de España. La estrategia autonómica busca ahora marcar una diferencia clara entre la actividad legal y la irregular, en un momento en el que la presión social y política sobre este modelo de alojamiento se intensifica.

