El control sobre las viviendas de uso turístico en Andalucía sigue intensificándose. La Junta ha emprendido la retirada de licencias a 2.660 inmuebles que operaban sin cumplir la normativa, lo que supone un incremento de 155 expedientes respecto al último balance de julio. La mayoría de estos pisos se encuentran en Sevilla, Málaga y Cádiz, tres de las provincias con mayor actividad turística.
Para agilizar los trámites y reforzar el control, la Consejería de Turismo ha firmado convenios con los ayuntamientos de Sevilla, Málaga, Cádiz, Granada y Jerez. Este acuerdo permite una mayor coordinación administrativa y el intercambio de información entre las administraciones locales y autonómicas, facilitando la detección de irregularidades.
Refuerzo de la inspección
La Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Turismo, ha intensificado las inspecciones para garantizar el cumplimiento de la normativa en materia de alojamientos turísticos. Como parte de este proceso, el pasado 11 de octubre se aprobó una orden que regula el convenio de colaboración con los ayuntamientos, permitiendo un acceso más ágil al registro de Viviendas de Uso Turístico (VUT) y estableciendo un canal rápido de comunicación sobre infracciones detectadas.
Los municipios implicados en este acuerdo tienen la obligación de informar a la Junta sobre cualquier modificación en su planeamiento urbanístico que afecte al número de pisos turísticos permitidos, la superficie mínima exigida o cualquier otro requisito que deba cumplirse. Además, los ayuntamientos deben notificar sobre viviendas registradas que no cumplan con las normativas locales, así como trasladar cualquier denuncia ciudadana relacionada con presuntas irregularidades.
Más control sobre las plataformas de alquiler
La cancelación de una licencia turística implica que el inmueble no puede anunciarse en plataformas digitales de reserva, lo que lo convierte en una operación ilegal si sigue en el mercado. Para regular esta situación, la Junta ha implementado un sistema de registro obligatorio, en el que los propietarios deben presentar una declaración responsable antes de comenzar a ofrecer su vivienda como alojamiento turístico. Sin embargo, si el ayuntamiento detecta irregularidades, puede solicitar la retirada del permiso.
Un conflicto político, empresarial y vecinal
La gestión de las viviendas turísticas sigue siendo un punto de fricción entre administraciones. Mientras la Junta sostiene que no tiene competencias en ordenación urbanística, los ayuntamientos argumentan que se trata de un fenómeno empresarial que debe regularse desde instancias autonómicas. En este debate también intervienen los empresarios del sector, que defienden el impacto económico positivo del turismo, y los vecinos, que alertan sobre el riesgo de gentrificación en sus ciudades.
Para abordar esta problemática, el consejero de Turismo, Arturo Bernal, ha impulsado la creación de un observatorio donde todas las partes implicadas puedan debatir soluciones. Entre las medidas adoptadas, destaca una herramienta digital que impide el registro de viviendas turísticas en zonas ya saturadas o donde este uso esté prohibido. Si el sistema detecta una incompatibilidad, emite una alerta y bloquea la inscripción del inmueble.
Otro aspecto clave en el control de los pisos turísticos ilegales es la posibilidad de que los inspectores autonómicos accedan a las plataformas de reserva para comprobar si las viviendas ofertadas cuentan con la licencia correspondiente. Además, los ciudadanos pueden denunciar inmuebles que consideren que operan de forma irregular. Mientras algunos sectores consideran que estas medidas son insuficientes, desde la Consejería defienden que su aplicación permitirá reducir el fraude y garantizar un turismo más sostenible y regulado.
