La Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface) atraviesa una etapa de incertidumbre tras el lanzamiento del proceso de licitación para el periodo 2025-2027. Con las aseguradoras estudiando las condiciones del pliego, destacan cambios en las primas y un acuerdo de carácter trienal, lo que supone un reto para el modelo que ofrece cobertura sanitaria a los empleados públicos.
El Ministerio de Transformación Digital y Función Pública ha fijado dos fechas clave: el 15 de enero, como límite para la presentación de ofertas, y el 1 de abril, como inicio previsto del nuevo concierto. Mientras tanto, se espera que el actual contrato (2022-2024) sea prorrogado, con un ajuste en los precios que incluye un incremento del 19,37%. Este aumento eleva el presupuesto total estimado a 4.206 millones de euros, de los cuales 272 millones se destinarán a cubrir los servicios hasta que entre en vigor el nuevo acuerdo.
Revisión al alza de las primas y un modelo trienal
Tras un primer intento de licitación que quedó desierto, el Gobierno ha ajustado la oferta económica, aumentando los fondos en un 33,5% repartidos en 36 meses. Este incremento progresivo incluye subidas del 7,25% en 2026 y del 4,32% en 2027. Sin embargo, el cambio más significativo reside en la fórmula de cálculo de las primas, que introduce diferencias de precio más marcadas según la edad, especialmente para mayores de 65 años.
Por ejemplo, la prima mensual para los asegurados de entre 65 y 74 años pasará de 103,46 euros a 169,47 euros, mientras que para los mayores de 74 años ascenderá a 260,96 euros. Este ajuste, solicitado por las aseguradoras, busca equilibrar costes en función del uso previsto de los servicios. Para los más jóvenes, las primas disminuirán, situándose en 27,82 euros para la franja de 5 a 14 años, la más baja del esquema.
Impacto en los usuarios y aportaciones públicas
A pesar de las subidas, las aportaciones de los funcionarios no cambiarán, ya que están vinculadas a su categoría profesional. La mayor parte del presupuesto de Muface (más del 76%) es financiado por el Estado, lo que subraya la dependencia del modelo de los recursos públicos. Sin embargo, la sostenibilidad del sistema ha sido cuestionada en repetidas ocasiones, y las modificaciones actuales abren un nuevo debate sobre su viabilidad a largo plazo.
Nuevos plazos para el cambio entre sanidad pública y privada
Una de las principales novedades del proceso es la implementación de dos periodos de cambio entre la sanidad pública y la privada. Debido al retraso en la licitación, en 2025 la habitual ventana de enero se trasladará a abril, coincidiendo con la entrada en vigor del nuevo concierto. Además, si el contrato se renueva, se habilitará un segundo plazo en junio. En circunstancias extraordinarias, como un cambio de domicilio, también se permitirá el cambio fuera de estos periodos.
Adicionalmente, los asegurados podrán optar por regresar a la sanidad pública en enero y, más tarde, volver a la privada tras la firma del nuevo acuerdo. Este escenario adquiere especial relevancia en un momento en que SegurCaixa Adeslas, la principal aseguradora del programa con un 47% de cuota, aún no ha confirmado su participación en el concurso.
Un modelo bajo escrutinio
El sistema de conciertos de Muface, que permite a las aseguradoras privadas prestar servicios sanitarios a funcionarios, sigue siendo objeto de debate. Su sostenibilidad y la necesidad de adaptarlo a las demandas actuales son cuestiones pendientes. El ministro de Función Pública, Óscar López, ha subrayado la importancia de esta licitación y ha señalado la posibilidad de realizar una revisión estructural del modelo una vez finalizado el proceso.
Muface se encuentra en un momento delicado, marcado por las dificultades de una licitación compleja y las dudas sobre el futuro de un sistema que atiende a miles de empleados públicos en España.
