Andalucía tendrá que acoger casi el doble de menores migrantes tras el nuevo decreto del Gobierno
El Gobierno aprueba por decreto el reparto de menores migrantes entre comunidades autónomas
El Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto que regula por primera vez la capacidad ordinaria del sistema de protección y tutela de menores migrantes no acompañados en las comunidades autónomas.
La norma establece una tasa homogénea de 32,6 menores por cada 100.000 habitantes, lo que supone un mecanismo obligatorio de solidaridad territorial.
La medida, largamente debatida en los últimos meses, busca aliviar la presión en regiones como Canarias y Ceuta, principales puntos de entrada de jóvenes migrantes que llegan solos a España. Con la nueva regulación, cerca de 3.000 menores serán derivados en los próximos meses desde estos territorios a otras comunidades con mayor capacidad.
Andalucía, la región más afectada por el nuevo reparto
Según los cálculos del Ejecutivo, la capacidad de acogida de Andalucía se eleva a 2.827 menores, casi el doble de los 1.455 que atiende actualmente. Esto significa que los centros andaluces deberán habilitar 1.372 plazas adicionales.
La Comunidad Valenciana deberá incrementar su acogida en 1.216 menores, mientras que Galicia sumará 620 plazas. En el caso de Cataluña, la capacidad fijada es de 2.650, y en la Comunidad de Madrid, 2.325. Otras autonomías como Aragón (441), Castilla y León (783), Murcia (517) o el País Vasco (731) también han recibido cifras ajustadas a su población.
La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, explicó tras el Consejo de Ministros que el decreto da cumplimiento a lo previsto en la Ley de Extranjería, reformada recientemente para introducir este mecanismo de reparto. Además, puntualizó que aquellas comunidades que tripliquen su capacidad ordinaria serán declaradas en situación de contingencia migratoria extraordinaria, lo que activará protocolos de derivación en un plazo máximo de 15 días.
La aprobación del decreto no ha estado exenta de polémica. Diez comunidades gobernadas por el PP, junto a Castilla-La Mancha, han recurrido la medida ante el Tribunal Constitucional, alegando una invasión de competencias. La Comunidad de Madrid ha llevado el caso además al Tribunal Supremo, mientras que Baleares ha anunciado un recurso con petición de suspensión cautelar del reparto.
En el lado opuesto, comunidades como Cataluña o el País Vasco, que ya han realizado un esfuerzo de acogida en los últimos años, quedarían prácticamente exentas de nuevas derivaciones. Cataluña, sin embargo, ha manifestado su voluntad de recibir al menos 31 menores, en línea con campañas anteriores.
El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha mostrado su disconformidad con el reparto. Reclamó que se reconozca el papel de Andalucía como territorio frontera, dada su cercanía a África y la constante llegada de pateras a sus costas. Además, criticó que el Gobierno sí contemple un trato diferenciado para el País Vasco y Cataluña.
“¿Cuántos entran desde Europa al País Vasco? ¿Cuántos llegan en patera cruzando desde Francia?”, cuestionó Moreno, subrayando que su comunidad soporta una presión migratoria diaria en el litoral.
La entrada en vigor del decreto marca un punto de inflexión en la gestión de los menores extranjeros no acompañados, uno de los problemas más sensibles de la política migratoria española. El Gobierno sostiene que la medida busca garantizar igualdad de cargas y solidaridad interterritorial, mientras que la oposición denuncia que impone obligaciones sin dotar de recursos suficientes a las comunidades.
Los cálculos de capacidad no solo consideran la población, sino también factores como la tasa de paro, la dispersión geográfica o la situación de frontera o insularidad. Este último criterio es clave para Canarias y Ceuta, que llevan meses reclamando apoyo para gestionar una presión migratoria que, según sus gobiernos, desborda sus capacidades de acogida.
Con este decreto, el Ejecutivo pretende cerrar un largo capítulo de muchos desencuentros entre administraciones, aunque los recursos judiciales y las críticas políticas auguran que el debate continuará en los próximos meses.