El Gobierno andaluz acogerá a menores migrantes llegados a Canarias en el marco del nuevo reparto estatal, pese a la controversia generada por el acuerdo alcanzado entre el Ejecutivo de Pedro Sánchez y Junts. Así lo ha confirmado el presidente de la Junta, Juanma Moreno, quien ha reafirmado su compromiso con el cumplimiento legal y con principios humanitarios, al tiempo que ha criticado duramente la “imposición” del reparto.
“En este Gobierno no somos fanáticos”, afirmó Moreno en el Parlamento andaluz, dejando claro que su gestión se guía por el sentido común, aunque sin repetir aquellas palabras de julio de 2024, cuando proclamó que Andalucía tenía “el corazón así de ancho” para acoger a estos menores.
Actualmente, la red autonómica atiende a 1.376 menores migrantes no acompañados. La decisión de seguir acogiéndolos contrasta con la postura adoptada en otras comunidades gobernadas por el PP con el apoyo de Vox, como la Comunidad Valenciana, donde el pacto presupuestario entre Carlos Mazón y la formación de Abascal incluye el rechazo a esta medida. Este acuerdo ha generado malestar en otros territorios del PP, como Andalucía y Galicia, así como incomodidad en la dirección nacional del partido.
Crítica al reparto de menores
Moreno, con mayoría absoluta, no depende de Vox y se permite marcar distancias tanto con la extrema derecha como con el PSOE. Criticó abiertamente que el actual reparto de menores migrantes haya sido diseñado bajo “las imposiciones de Puigdemont desde Bruselas”, a quien acusa de influir de forma directa en la política nacional. “Estamos cansados de que se trate a Andalucía con desdén”, denunció.
La Junta también reclama mayor transparencia en la financiación estatal. Moreno exigió en sede parlamentaria que el Gobierno central publique cada seis meses el reparto territorial de las inversiones, tal y como exige la ley. Según sus datos, Andalucía ha dejado de recibir 1.881 millones de euros en los últimos tres años por inversiones no ejecutadas.
Otro foco de crítica se centra en los recursos destinados a la atención de menores. La consejera de Igualdad, Loles López, mostró en el Parlamento un documento que certifica la última transferencia estatal de 1,6 millones de euros, en respuesta a las acusaciones del PSOE, que denuncia que no se han utilizado 50 millones destinados a esta causa. Desde la Junta consideran que se ha generado una «subasta de niños» a causa de las presiones políticas de los independentistas catalanes.
Traslados sin verificar la edad
López advirtió también sobre los efectos de la reforma del Real Decreto Ley, que podría permitir el traslado de menores sin verificar su edad, lo que, según la Junta, abriría la puerta a recibir adultos como si fueran menores. Actualmente, Andalucía atiende a 605 jóvenes cuya edad no ha sido comprobada y que, según la Junta, deberían estar bajo responsabilidad estatal.
En materia energética, el Ejecutivo andaluz insiste en la necesidad de reforzar la red eléctrica, que presenta una densidad un 40% inferior a la media nacional, pese a la alta capacidad de generación de la comunidad. Además, denuncia agravios en la distribución de fondos estatales: Andalucía recibe menos dinero por víctima de violencia de género, menos plazas de ayudantes a doctor en sus universidades públicas y menos fondos para políticas activas de empleo que otras regiones como Cataluña o Baleares.
Juanma Moreno se posiciona así como una voz crítica dentro del PP, firme en la defensa de los intereses andaluces, pero sin romper con la legalidad ni caer en posturas extremas.
