La Policía Nacional ha llevado a cabo un importante golpe contra la conocida como “mafia del taxi” que opera en el aeropuerto de San Pablo, en Sevilla. En el marco de la operación Aertase, al menos 18 personas han sido detenidas, incluyendo a los principales líderes de la Asociación Hispalense Solidaridad del Taxi. Además, otros 15 taxistas están siendo investigados por diversos delitos que incluyen amenazas, coacciones, daños materiales y pertenencia a organización criminal. Este operativo, que se desarrolló a lo largo de toda la jornada de ayer, supone un intento por acabar con más de dos décadas de control férreo sobre una de las paradas de taxi más lucrativas de Sevilla.
El aeropuerto de San Pablo es un punto neurálgico para el transporte en Sevilla. Con más de ocho millones de pasajeros registrados en 2023 -aun sin datos de 2024-, el volumen de viajeros ha crecido de manera significativa en los últimos años, con un promedio diario de más de 27.000 usuarios. Sin embargo, la oferta de taxis no ha crecido al mismo ritmo, lo que genera largas esperas para los pasajeros, especialmente en horario nocturno. Según los datos, solo entre 140 y 160 taxis operan diariamente en la terminal, una cifra que resulta insuficiente para atender la demanda.
Esta situación ha propiciado que algunos taxistas ajenos a Solidaridad del Taxi intenten trabajar en la parada del aeropuerto, desafiando el control absoluto que esta asociación ejerce desde hace más de dos décadas. Según las investigaciones policiales, este grupo utilizaba tácticas intimidatorias y vandálicas contra quienes intentaban romper su monopolio. Los ataques incluyen pinchazos de neumáticos, lanzamiento de piedras, daños con ácido en los vehículos e incluso amenazas directas a los taxistas y sus familias.
Solidaridad del Taxi: entre el poder y la sombra
La asociación Solidaridad del Taxi ha sido señalada como la organización que controla de facto la parada del aeropuerto, limitando el acceso a taxistas que no pertenecen a su colectivo. Este monopolio ha sido especialmente lucrativo debido a la tarifa fija que se aplica en el trayecto hacia la ciudad, mucho más rentable que el servicio convencional a taxímetro. Este sistema ha permitido a sus miembros asegurarse un nivel de ingresos muy superior al de otros taxistas, generando tensiones dentro del sector.
La junta directiva de esta asociación, encabezada por Antonio Velarde Borromeo, ha sido detenida en el operativo. Las autoridades les atribuyen una serie de delitos relacionados con la gestión coercitiva de la parada del aeropuerto, así como su implicación en incidentes de sabotaje y violencia hacia compañeros de profesión que no respetaban su control. Incluso familiares de los dirigentes han sido detenidos como parte de la investigación, que lleva en marcha cerca de nueve meses bajo la dirección del Juzgado de Instrucción número 4 de Sevilla.
Antecedentes de violencia y conflicto
Esta no es la primera vez que Solidaridad del Taxi se ve involucrada en investigaciones judiciales. En una macrocausa anterior, 27 taxistas de la misma asociación fueron procesados por delitos similares, aunque el caso terminó archivado debido a la caducidad de los plazos legales. Entre los episodios más graves de aquella causa se encuentra el incendio de nueve vehículos de Cabify en 2017 durante la Feria de Abril. Aunque ese caso también fue cerrado por falta de pruebas concluyentes, se convirtió en un símbolo de las tensiones entre los taxistas tradicionales y los servicios de transporte alternativo.
En esta nueva operación, la investigación se centra en hechos recientes, excluyendo casos como el incendio de los coches de Cabify. Aun así, el nivel de organización y las tácticas descritas por los investigadores ponen en evidencia un patrón de comportamiento que ha persistido durante años. La Policía Nacional ha logrado reunir pruebas gracias a escuchas telefónicas y seguimientos a los líderes de la asociación, lo que ha permitido detenciones estratégicas en la jornada de ayer.
La repercusión en el sector y las reacciones
La operación ha generado reacciones dispares en el sector del transporte. Mientras que el Ayuntamiento de Sevilla guarda silencio sobre el caso, representantes de los Vehículos de Transporte Concertado (VTC) han aprovechado la ocasión para criticar la falta de acción histórica por parte de las administraciones locales. Pablo García Trespalacios, presidente de la patronal de VTC en Andalucía, calificó esta operación como “una oportunidad histórica” para acabar con las prácticas mafiosas en el aeropuerto. También instó a las autoridades a aplicar la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) de 2002, que recomendaba un sistema de turnos rotativos para los taxis del aeropuerto con el fin de garantizar un servicio más justo y equilibrado.
García Trespalacios recordó los numerosos incidentes denunciados por los operadores de VTC en el pasado, incluyendo sabotajes y ataques físicos, y criticó la inacción de los gobiernos locales a lo largo de los años. En sus palabras, “han sido más de veinte años de amenazas, daños y ataques sin que ninguna administración haya puesto freno a estas prácticas”.
La operación Aertase representa un nuevo intento por resolver uno de los problemas más enquistados en el sector del taxi sevillano. Aunque las detenciones son un paso significativo, la solución estructural requerirá la implementación de medidas como los turnos rotativos, propuestos por la justicia hace más de dos décadas, pero nunca llevados a cabo.
Por ahora, la investigación sigue su curso, y los detenidos serán puestos a disposición judicial en los próximos días. Con el futuro de Solidaridad del Taxi en el aire, el sector se enfrenta a la posibilidad de un cambio que podría poner fin a años de tensiones y conflictos en uno de los puntos clave del transporte en Sevilla. Sin embargo, el silencio de las autoridades locales deja en duda si este será realmente el inicio de una nueva etapa o simplemente otro capítulo más en un problema que ha resistido el paso del tiempo.
