La Guardia Civil ha desmantelado una operación de re-etiquetado de pescado caducado en una empresa de Alcalá de Guadaíra, Sevilla. La operación, realizada por el Seprona en el marco de las medidas de prevención para la Feria de Abril 2024, ha permitido retirar del mercado más de 4,5 toneladas de productos pesqueros que no eran aptos para el consumo.
Cangrejos, bogavantes, bacaladilla, potón y chanquetes son algunos de los productos intervenidos, que en su conjunto superaban las 4,5 toneladas. La inspección se realizó en el almacén de la empresa investigada, donde se encontraron palés de lomos de bacalao congelado cuya fecha de consumo preferente era junio de 2022. Sin embargo, los productos habían sido reetiquetados con una fecha de consumo preferente falsa en el año 2026.
Este hallazgo llevó a los agentes a realizar una inspección más exhaustiva del almacén, donde encontraron más productos pesqueros de diversa naturaleza con fechas de consumo preferente vencidas, algunos de ellos ya reetiquetados con fechas falsas.
La Guardia Civil ha abierto una investigación para determinar las responsabilidades de los implicados en este caso, que pone en riesgo la salud pública.
Se recuerda a los consumidores la importancia de: Comprar productos frescos y de calidad. Prestar atención a las fechas de caducidad y consumo preferente. No comprar productos que parezcan en mal estado o que tengan etiquetas manipuladas. Denunciar cualquier irregularidad a las autoridades competentes.
¡Pescado caducado a la venta! 4,5 toneladas retiradas del mercado en Sevilla
La Guardia Civil ha retirado del mercado más de 4,5 toneladas de pescado caducado que se pretendía vender durante la Feria de Abril de Sevilla. La operación, realizada en una empresa de Alcalá de Guadaíra, ha permitido desactivar una trama de re-etiquetado de productos no aptos para el consumo.
Veterinarios del área de salud pública de Alcalá de Guadaíra han inspeccionado la mercancía y han decretado su no apto para el consumo.
Las investigaciones apuntan a que la empresa adquirió el producto a sabiendas de que su fecha de consumo preferente estaba vencida o superada desde hace dos años. Hasta el momento, hay seis personas implicadas a las que se investiga por supuestos delitos de falsedad documental y contra la salud pública.
El Seprona continúa con la instrucción de diligencias y el estudio de la documentación, no descartando la implicación de más personas. La inspección ha contado con el apoyo de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera (Agapa) de la Junta de Andalucía, un técnico de trazabilidad del servicio de pesca de Sevilla y un veterinario de salud pública de Alcalá de Guadaíra.
