
Adiós a los nuevos apartamentos turísticos en Sevilla, la Junta de Andalucía activa un control automático sin precedentes
Andalucía activa un nuevo sistema para frenar la inscripción de viviendas turísticas en municipios con restricciones

El Gobierno andaluz, a través de la Consejería de Turismo y Andalucía Exterior, ha implementado esta semana un nuevo mecanismo de control que impide la inscripción de viviendas de uso turístico (VUT) en el Registro de Turismo de Andalucía (RTA) cuando estas se encuentren en municipios con limitaciones urbanísticas ya establecidas.
La medida, que ya afecta a Sevilla, busca frenar el crecimiento descontrolado de este tipo de alojamientos y avanzar hacia una regulación más equilibrada y sostenible del sector.
El sistema nace con la intención de “ordenar y controlar un fenómeno alojativo que ha crecido significativamente en los últimos años”, según ha explicado el consejero de Turismo, Arturo Bernal.
En la práctica, el nuevo procedimiento impide el alta de una vivienda turística en aquellas zonas donde existan restricciones aprobadas por los ayuntamientos, ya sea por motivos de planificación urbana o por la saturación del mercado de alojamiento temporal.
El mecanismo es automático y preventivo. Cuando un propietario intenta registrar una vivienda en un área donde ya hay limitaciones, la propia plataforma del RTA genera una resolución que declara la no admisión de la solicitud, evitando así trámites posteriores o sanciones.
Según fuentes de la Junta, esta automatización “otorga mayor seguridad jurídica al ciudadano y reduce las cargas administrativas derivadas de procedimientos de cancelación o sanción por incumplimiento”.
Hasta el momento, el sistema se aplica en cuatro municipios: Cádiz, Málaga, Sevilla y El Puerto de Santa María, aunque el Ejecutivo autonómico prevé que otras localidades se adhieran progresivamente a la medida.
En paralelo, la Junta continúa firmando convenios de colaboración con los ayuntamientos para reforzar la coordinación y el intercambio de información. Ocho de estos acuerdos ya están activos, y más de veinte se encuentran en fase de tramitación.
Para el consejero Bernal, la medida forma parte de la estrategia global del Gobierno andaluz para promover un turismo de calidad y sostenible. “Es un paso más para garantizar la excelencia del destino andaluz y asegurar que los alojamientos cumplan con los criterios de legalidad y calidad, pilares fundamentales para mantener el liderazgo turístico de Andalucía”, afirmó.
El impacto que tienen las viviendas turísticas en las ciudades
El crecimiento de las viviendas de uso turístico ha transformado el paisaje urbano de numerosas ciudades andaluzas. Lo que comenzó como una alternativa flexible al alojamiento hotelero se ha convertido en un problema estructural para los centros históricos y los barrios más demandados.
En ciudades como Sevilla, Málaga o Cádiz, los vecinos denuncian desde hace años la expulsión del residente local por el encarecimiento del alquiler y la pérdida de identidad barrial.
Los expertos en urbanismo coinciden en que la expansión de las VUT, sin una regulación firme, presiona el mercado inmobiliario, reduciendo la oferta de vivienda habitual y disparando los precios. Además, el fenómeno genera problemas de convivencia por el uso intensivo de los espacios comunes, el ruido y la rotación constante de turistas.
Algunos ayuntamientos andaluces han empezado a delimitar zonas saturadas o a establecer límites máximos de licencias, medidas que ahora cuentan con el respaldo de la nueva herramienta autonómica.
Esta cooperación entre administraciones pretende equilibrar el desarrollo turístico con la protección del tejido de los vecinos y el derecho a la vivienda, una preocupación creciente en las principales capitales andaluzas.
La Junta de Andalucía considera que esta política contribuirá a consolidar un modelo turístico más sostenible y responsable, alineado con los objetivos de calidad y excelencia que definen la estrategia turística regional.
Con este nuevo sistema, el Ejecutivo busca reducir la especulación y garantizar que la actividad turística se desarrolle dentro de los límites establecidos por la planificación urbana, preservando el equilibrio entre el desarrollo económico y la convivencia ciudadana.