Acoso escolar y silencio institucional, la historia de Sandra Peña y la urgencia de cambiar los protocolos educativos en Andalucía
El suicidio de una menor en Sevilla pone en jaque los protocolos contra el acoso escolar: solo 1 de cada 10 docentes se siente preparado
La muerte de Sandra Peña Villar, la joven adolescente de 14 años que se quitó la vida el pasado martes en Sevilla, ha sacudido profundamente a la sociedad sevillana y andaluza.
Su familia había denunciado en dos ocasiones ante el colegio Irlandesas de Loreto que la menor sufría acoso escolar por parte de tres compañeras, sin que el centro activara los protocolos oficiales. La única medida adoptada fue separar a la niña de las presuntas agresoras a petición de su madre.
Según fuentes próximas a la investigación, Sandra había comenzado a recibir atención psicológica tras el curso anterior, pero el daño emocional acumulado fue devastador. Insultos constantes, aislamiento y una presión social creciente deterioraron su salud mental hasta llevarla a una situación límite.
La Policía Nacional trata ahora de determinar si el acoso se extendió también a las redes sociales, mientras la familia exige responsabilidades por la falta de respuesta institucional.
Hablan los expertos sobre el acoso escolar
La psicóloga Cristina Muñoz, especialista en salud, educación y sexología, advierte -en declaraciones para Diario de Sevilla- que el acoso escolar tiene un impacto “a todos los niveles”.
Según la experta, las víctimas sufren un profundo daño en la autoestima y tienden a interiorizar los mensajes negativos que reciben, lo que genera cuadros de ansiedad, depresión e incluso insomnio. “El deterioro es global y afecta también al rendimiento académico”, indica.
Muñoz considera que una de las raíces del problema reside en la normalización de la violencia en el entorno escolar. “Hemos asumido como normales ciertas conductas violentas, y eso impide detectar cuándo una situación es realmente grave”, explica.
Frases elusivas -de eludir- como “son cosas de niños” —añade— perpetúan la idea de que el acoso no es más que un juego, cuando en realidad la repetición de los ataques lo convierte en una forma de maltrato continuado.
La especialista también pone el foco en la falta de recursos y formación del profesorado. Con aulas de hasta treinta estudiantes, muchos docentes carecen de herramientas para identificar dinámicas violentas. “El sistema no proporciona la preparación necesaria, y eso deja a los alumnos en una situación de vulnerabilidad”, afirma.
Otro de los aspectos que destaca Muñoz es el silencio de las víctimas. Según explica, la vergüenza y el miedo son los principales bloqueos: los menores temen ser etiquetados como “chivatos” o provocar represalias.
En su opinión, la intervención temprana es fundamental pues “si no se actúa de inmediato, el menor sigue conviviendo con sus agresores, lo que perpetúa el daño psicológico y refuerza la sensación de desamparo”.
La psicóloga subraya que la comunicación entre familias y centros educativos debe ser “inmediata y transparente”. Cree que ante el primer indicio de acoso hay que activar los protocolos y, si el problema persiste, escalarlo a la dirección o a la inspección educativa.
Pero recuerda que “la prevención no depende solo del colegio; es multifactorial y requiere la implicación de toda la sociedad”.
Las redes sociales, un nuevo escenario para el acoso
Para Muñoz, el entorno digital ha agravado la situación. “El acoso ya no termina al salir del colegio”, afirma. A través de los teléfonos móviles, los menores pueden recibir insultos, burlas o imágenes humillantes a cualquier hora del día.
“Hay adolescentes que cuentan que les llegan memes ofensivos durante la madrugada”, señala.
La especialista alerta además del consumo de contenidos violentos o sexualizados en internet, que, según ella, “normalizan la agresión como forma de comunicación entre iguales”.
El caso de Sandra ha puesto en cuestión la eficacia del protocolo antiacoso de la Junta de Andalucía, vigente desde 2011. La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional ha denunciado los hechos ante la Fiscalía y las organizaciones sindicales están reclamando una revisión urgente de los procedimientos actuales.
El CSIF Sevilla ha publicado una encuesta que refleja la falta de preparación del profesorado en el que el 63,3 % asegura haber gestionado casos de acoso escolar, pero solo uno de cada diez se siente capacitado para intervenir de forma efectiva. La exclusión social es la forma de acoso más frecuente (73,3 %), seguida del acoso físico o verbal (66,6 %) y el ciberacoso (53,3 %).
La responsable de Educación del sindicato, Manuela Tagua, ha denunciado que los protocolos actuales son “excesivamente burocráticos y poco operativos en una situación real”. Más del 90 % de los docentes encuestados pide refuerzos en los equipos de orientación y la incorporación de personal especializado.
El protocolo vigente establece medidas de urgencia para proteger a la víctima y medidas cautelares para el agresor, además de la obligación del director del centro de elaborar un informe detallado. Sin embargo, su aplicación práctica ha demostrado ser insuficiente ante casos graves como el de Sandra.
Cristina Muñoz insiste en que la solución pasa por una educación emocional y en valores que fomente el respeto y la empatía desde edades tempranas.
La propuesta es de reforzar la formación docente en mediación y resolución de conflictos, así como aumentar la presencia de psicólogos en los centros. “El profesor no puede ser también psicólogo; necesita apoyo institucional”, dice.
Paca acabar la especialista lanza un mensaje a las familias “ante la mínima sospecha, hay que actuar sin juicios ni gritos, con calma y empatía”. Recordando que existe un teléfono de atención a las víctimas de acoso escolar, el 900 018 018, gratuito y disponible las 24 horas.
La tragedia de Sandra Peña Villar deja al descubierto un sistema educativo que, según los expertos, tiene que sufrir una revisión profunda. Un recordatorio bastante doloroso de que el silencio y la inacción pueden costar vidas.